Los investigadores de la FEST, Rafael Arredondo Quijada y Natalia del Pino Brunet, han obtenido una mención en el Premio Carlos Hernández Pezzi a la Mejor Comunicación Científica del International Greencities Congress (IGC), 11º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, celebrado en Málaga entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

El trabajo de investigación premiado ha sido “Las ciudades inteligentes que no olvidan a las poblaciones más vulnerables, una oportunidad para el bien común”

Resumen

El artículo que a continuación se desarrolla pretender ser un espacio para la reflexión y el debate, más allá de una posición contraria a los avances tecnológicos sobre lo que suponen las ciudades denominadas del "futuro", en sectores de población que pueden ser clasificados como vulnerables, como las personas mayores, los menores y las personas sin hogar, entre otros. En función de variables como la movilidad, formación, dependencia, modelos de ocio o los recursos económicos disponibles. Así como en determinados territorios a los que se le está denominando la "España vaciada", en el contexto de la comunidad autónoma de Andalucía.

En esta comunidad, sólo en lo que a población mayor se refiere (de 65 años en adelante), se ha pasado en los últimos 15 años de 1.165.630 personas en 2005 a 1.503.532 en 2019 (INE, 2020), lo que supone un incremento del 29%. Los estudios demográficos vienen indicando que estos datos se mantendrán al alza en los próximos años, una situación que en lo referente a este sector de población supone una atención especial de cara a los indicadores de vulnerabilidad ya mencionados con anterioridad. Que en lo que refiere a personas beneficiarias con algún tipo de prestación recogida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (2016), en Andalucía el número alcanzaba las 294.085 personas (IMSERSO, 2019), situándose para el 73% de los beneficiarios a nivel estatal, la edad media a partir de los 65 años.

Estudios confirman el riesgo de exclusión social en la población que no utiliza las nuevas tecnologías, para García “los incluidos son quienes están conectados; sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión” (2006: 73). La posibilidad de acceso, así como la capacitación en habilidades digitales, se convierten en la actualidad en una necesidad que vendrán a plantearse como nuevos derechos sociales del conjunto de la ciudadanía, “entre los que tienen y no tienen internet” (Castells, 2003: 311). Por lo que corresponde, desde la responsabilidad pública a las administraciones, en sus diferentes niveles, desarrollar cuántas iniciativas sean necesarias a fin de no generar ciudades y espacios territoriales a diferentes velocidades, en lo que al desarrollo tecnológico se refiere, de lo contrario se corre el riesgo de que las ciudades “inteligentes” se conviertan en espacios que vengan a generar si cabe mayores dosis de exclusión y desigualdad social.

Desde el Trabajo Social, junto al conjunto de interventores sociales de otras profesiones y disciplinas académicas, se ha de estar atento al conjunto de desarrollos tecnológicos, que, de manera bien directa o indirecta, pueda afectar al bienestar de las personas, a sus capacidades de interacción y sus posibilidades de desarrollo tanto a nivel personal, familiar o comunitario. Actuando si cabe como voz de alerta para que estos avances efectivamente se conviertan en oportunidades para el bien común.