Los Rectores de las Universidades Españolas alzamos de nuevo la voz, tras los comunicados de noviembre de 2012 y mayo de 2013, para pedir al gobierno una apuesta firme y estratégica de aumento en la inversión en I+D+i, en este contexto de grave crisis económica, que tantos recortes ha provocado. La investigación es, sin duda, una forma de salir de esta situación y así lo han demostrado aquellos países que han apostado por la ciencia. 
El escaso aumento de 214 millones de euros en la partida de la I+D+i, que se recoge en el anteproyecto de los PGE de 2014, nos causa decepción al constatar que este incremento no compensa ni siquiera la caída de 461 millones que sufrió el presupuesto de 2013 frente al de 2012, y mucho menos la enorme reducción sufrida en los cuatro últimos años. Nuevamente se ha hecho oídos sordos a la reivindicación que, de forma permanente y argumentada, viene realizando tanto la CRUE como los diferentes colectivos representados en la plataforma “Carta Abierta por la Ciencia”.
La necesaria capacidad de innovación tecnológica no se conseguirá sin unos Presupuestos Generales del Estado que financien suficientemente la investigación básica y la aplicada. Los países más desarrollados de nuestro entorno han comprendido, a diferencia de lo que ocurre en España, que la inversión en I+D+i nos proporcionará mayores niveles de desarrollo, de calidad de vida y de prosperidad, que implican menores tasas de desempleo de jóvenes, directa e indirectamente involucrados en tareas de I+D+i. La CRUE reivindica, una vez más, que el dinero destinado a políticas de I+D+i no es un gasto, al contrario, es una inversión (1€ invertido en I+D+i, produce como mínimo 1,5 €).
Pero el adecuado nivel de inversión en I+D+i solo será un motor del conocimiento y de la economía del país si se asocia al fortalecimiento de las políticas de financiación para Recursos Humanos, como base capital insustituible del avance de la investigación, el progreso del conocimiento y su transferencia a la economía productiva. La sociedad española difícilmente entenderá que no haya retorno de la inversión de sus impuestos en la formación de investigadores, que se ven obligados a dejar el país para desarrollar con eficiencia su actividad investigadora fuera de nuestras fronteras. La CRUE reivindica que se impulse de forma estable y decidida programas que aseguren la incorporación al sistema de un número suficiente de técnicos e investigadores predoctorales y posdoctorales: la enorme reducción de los fondos dedicados a estos programas en los últimos años ha dado lugar a una pérdida de capital humano que se refleja ya en la economía y productividad de nuestro país. Además, la drástica reducción de los recursos humanos destinados a I + D + i representa un enorme hándicap para la competitividad de los grupos de investigación españoles en el nuevo marco del Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Esta pérdida de capital humano se ve agravada por la exigua, injusta y a todas luces insuficiente tasa de reposición de efectivos que se aplica a las universidades españolas, en la que se lleva a cabo más de un 60% de la investigación que se desarrolla en nuestro país. Poder contratar un solo investigador por cada diez que se jubilan es condenar a la I+D+i de España, y con ello a la competitividad de su sistema de innovación y de su tejido productivo, a un desmantelamiento inexorable y a una ruina segura en pocos años.
La CRUE ha acogido con satisfacción el hecho de que el gobierno haya mejorado la financiación del CSIC. Asimismo, recuerda que en las universidades se lleva a cabo dos tercios de la producción científica nacional y es por tanto un elemento crucial y motor del progreso económico y social. La Universidad española tiene además que soportar la subordinación de los gastos en I+D+i a los objetivos de déficit de la Comunidad Autónoma en que se ubica. Ello conduce, sin remedio, a no poder desarrollar proyectos y programas de investigación que, aun estando bien evaluados, no se financian en aras a conseguir el objetivo de déficit, aumentando la ineficiencia del sistema.
Esta ineficiencia se agrava con la incomprensible falta de coordinación interministerial en los programas de recursos humanos de I+D+i, principalmente, así como por las ingentes trabas administrativas, burocráticas y de gestión que lastran la actividad científica y dañan irreparablemente al sistema de I+D+i. Además, los injustificables retrasos, algunos de muchos meses, en la publicación de convocatorias de programas de recursos humanos y de financiación de proyectos, están poniendo en grave peligro la mera supervivencia de muchos grupos de investigación de elevada calidad, y con ello, el mantenimiento de importantes líneas de investigación e innovación.
Igualmente, se hace necesario reclamar, una vez más, la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Investigación y exigir que se garantice una gestión eficiente de la  I+D+i regida por una financiación suficiente y sostenible, y por una planificación estratégica e independiente.
Los enormes recortes presupuestarios han colocado a la investigación en España en una situación gravísima: solo un cambio de política, radical e inmediato, dirigido a dotarla de un nivel de financiación comparable a la de los países de nuestro entorno, puede evitar que nuestro país pierda, una vez más, el tren de la modernidad y de un futuro de bienestar basado en la innovación y el avance del conocimiento.
Pedimos, por tanto, que el Gobierno tome urgentemente decisiones para apoyar y salvar la I+D+i en España. Decisiones que impidan que se derrumbe el frágil sistema que, con el esfuerzo de los investigadores y con el dinero de los impuestos de los ciudadanos, hemos construido y desarrollado en las últimas décadas hasta acercarlo a los puestos de liderazgo en los que nuestro país merece estar. Solo así será posible salir de un modo sólido, estable y duradero de la crisis económica que nos afecta.